Chile avanza en la digitalización del Estado, de los servicios financieros, de la salud y del comercio. Pero hay un activo que, si se erosiona, frena todo lo demás: la confianza. En la economía digital la confianza no es un atributo reputacional; es una condición de funcionamiento. Sin ella, los datos dejan de circular, los usuarios se retraen, los reguladores endurecen exigencias y la innovación se vuelve más costosa.

La nueva Ley de Protección de Datos Personales (Ley 21.719) marca un punto de inflexión. Con su entrada en vigencia el 1 de diciembre de 2026 y la creación de una Agencia especializada, el país eleva el estándar: ya no bastará “cumplir en el papel”. Se exige responsabilidad demostrable, trazabilidad y controles efectivos. Para las empresas, esto cambia la conversación: la privacidad deja de ser un checklist y pasa a ser parte de la estrategia de negocio, al mismo nivel que continuidad operacional o seguridad.

Como gremio hemos insistido en que, sin estándares tangibles de gobernanza, seguridad y responsabilidad, la digitalización expone a personas y organizaciones a riesgos crecientes y sofisticados. Y hemos planteado que la calidad de los datos y la ciber resiliencia deben ser pilares de una agenda digital de Estado de largo plazo. Sin esa base, la IA se adopta con más riesgo hoy. La razón es económica: donde hay datos confiables y sistemas resilientes, se habilita interoperabilidad, se reducen fricciones y se acelera productividad; donde no, el costo se paga en incidentes, sanciones y pérdida de competitividad.

El desafío práctico no es menor. Implica revisar cómo se captura el consentimiento, para qué finalidades se trata la información, cuánto tiempo se conserva, cómo se gestiona a terceros y cómo se responde ante solicitudes o incidentes. Pero, sobre todo, exige liderazgo: que directorios y gerencias asuman la privacidad como gestión permanente de riesgo y confianza, integrándola desde el diseño en productos, procesos y contratos.

Chile tiene la oportunidad de consolidar una economía digital sostenible. Para lograrlo, las empresas deben adelantarse y convertir el cumplimiento en ventaja competitiva: transparencia con los usuarios, disciplina operativa en el uso de datos y capacidades reales de prevención, respuesta y recuperación. Cuando para el mercado la confianza será la nueva moneda, el llamado es claro: partamos ahora con diagnósticos de brechas, planes por etapas y estándares comunes, y trabajemos juntos, tanto el sector privado, academia y Estado, para que la nueva ley se traduzca en más innovación, más inversión y mejores servicios para las personas.

(*) Luz María García: Gerente General de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de la Información (ACTI)